El Gobierno pretende que la ley penal empresaria sea la llave para ingresar a la OCDE.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que penaliza la corrupción empresaria. El texto -que había devuelto el Senado con numerosas modificaciones- fue aprobado por 144 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones, mayoritariamente del Frente para la Victoria.
La norma, impulsada desde el Poder Ejecutivo para que la Argentina ingrese a la OCDE, establece que los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas (empresas) prescriben a los seis años. Además, las que se aplicarán serán de dos a cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa.
La ley abarca los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.
“Muchos hechos de corrupción que hoy estamos viendo se podrían haber evitado si se hubiera sancionado una ley como esta. Veníamos arrastrando un incumplimiento de más de 16 años,”, expresó al defender el proyecto la diputada radical y presidenta de la Comisión de legislación penal, Gabriela Burgos.
El bloque UNA criticó los cambios que hizo el Senado. “Deja librado a que el sistema de punibilidad de las personas jurídicas sea una decisión privada de la empresa y afecte el principio de orden público tal como lo establece el código penal”, señaló Juan Fernando Brügge. No obstante, el bloque massista y el Justicialista votaron afirmativamente.