Las consecuencias negativas en el sector manufacturero naval y en toda su cadena productiva de pymes, con su derivación en el empleo son los efectos nocivos para la actividad que provocaría la aplicación del decreto 650/2018 que reglamenta la Ley N° 27.419, denominada “Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional”.
Con el objetivo de facilitar la incorporación de buques a la flota mercante argentina, la iniciativa establecerá un arancel de importación cero para los buques nuevos, principalmente, y usados. De aplicarse dicha medida, no contemplaría la situación actual que atraviesa nuestra industria naval, y dejaría de lado la capacidad vigente que tiene el sector local para diseñar y construir estas mismas embarcaciones.
Con antecedentes similares en otras décadas del país, los resultados se dirigen al mismo destino: el cierre de astilleros y talleres navales, la desinversión, la destrucción de la cadena de proveedores, la pérdida de recursos humanos calificados formados tras años de inversión pública y privada, y el deterioro de infraestructuras, de equipos y de herramientas.
La industria naval argentina, tanto privada como pública, tanto liviana como pesada, tiene su principal núcleo de producción y servicios, estudios e investigación, en la Provincia de Buenos Aires. Su cadena de valor incluye diversas economías regionales y se interrelaciona directamente con las actividades logísticas, portuarias, fluviales y marítimas.
Las alternativas legislativas de Marina Mercante e Industria Naval -que estaría al salir-, ven que la competitividad que se le exige a las industrias nacionales demanda de leyes acordes a la competitividad internacional general y específica que existe para el sector industrial.