No existe ningún remate del predio. El juicio por cobro del impuesto inmobiliario está suspendido desde hace un año por orden judicial.
Los propietarios quieren cancelar sus deudas. Para ello, ARBA recibió las cédulas catastrales y determinará la deuda que existe en cabeza de cada propietario (se entregará la determinación el próximo viernes 28/12).
Ni la UIQ ni la administración del parque son responsables del pago del impuesto. El pago corresponde a cada titular de parcela, que se comprometió a ello en los boletos, al adquirir el inmueble.
Estos puntos constan en una declaración conjunta de la asamblea de propietarios del parque industrial y la comisión directiva de la UIQ, reunida el miércoles 26 del corriente en la sede del parque. Es la manifestación de los industriales que representan a más del 95% de las empresas radicadas en el parque industrial.
A continuación transcribimos el texto de la declaración:
“frente a la realidad de los hechos, no se entienden los títulos que ha impreso un medio local, que viene anunciando: “rematan el parque industrial”, “allanan el parque industrial”, “intervendrían la unión industrial”.
Estas noticias falsas se vienen repitiendo irresponsablemente, atribuyendo siempre la fuente a “empresarios locales” (sin identificar de quién se trata).
Existieron también mensajes anónimos en las redes sociales, calumniando al presidente de la UIQ y al presidente de la asociación de propietarios del parque y al abogado de ambas instituciones. Se agregan a la campaña, escraches, mediante la colocación de pasacalles contra los presidentes de ambas instituciones.
A lo anterior, se le deben sumar acciones judiciales descabelladas, que se inician con el objeto de difundirlas luego, como justificación de difamaciones mediáticas. A modo de ejemplo digamos que existe una acción penal contra las autoridades del parque y el abogado por haber iniciado el cobro judicial contra un deudor moroso (el denunciante) por expensas que él mismo reconoce adeudar.
También se presentó un pedido de intervención de la UIQ sustentado en falta de balances, cuando en realidad fueron aprobados casi unánimemente en asamblea de socios y presentados ante la autoridad administrativa. Se han pedido además nulidades de asambleas de la asociación y la UIQ, en las cuales fueron aprobados los temas por unanimidad, etc., etc. toda esta parafernalia judicial, que es desechada en los juzgados, se usa para mentir.
Es, entonces, lícito preguntarse: ¿por qué difunde noticias falsas ese medio local? ¿Quiénes son “los empresarios” que incentivan las mentiras?
No podemos hoy realizar imputaciones concretas; esa será tarea de la justicia. Lo que sí podemos es contextualizar los hechos con datos objetivos, y que sean los lectores quienes saquen conclusiones.
En primer lugar señalemos, de los más de 100 empresarios radicados en el “parque industrial”, existen solamente unas 6 personas que tuvieron alguna situación de conflicto.
Existieron desde larga data problemas con un propietario, quien fue denunciado penalmente primero, por usurpar una calle dentro del parque y luego por el delito de calumnias e injurias.
Otra cuestión se dio con los deudores largamente morosos cuando, después de varios años de incumplir con el pago de las expensas comunes, por fin la asamblea de propietarios se decidió ejecutarlos y emitir los certificados de deuda. Fue así que los varios titulares de parcelas, de pronto, se vieron con juicios que ejecutaban su deudas y en los que se los embargaba (cuentas bancarias, inmuebles y automotores) por las cifras millonarias que adeudaban.
Dos empresarios radicados en el parque, por otra parte, intentaron en el último año llevar adelante un negocio millonario. El mismo consistía en convertir las cavas existentes en el parque en un “basural”. Habrían pretendido ser los concesionarios en un “ecopunto” para recoger residuos domiciliarios y rellenar con ellos los espejos de agua. Ese negocio contaminante, que hubiera dañado el ambiente de todos los habitantes de la zona (por la afectación del acuífero conectado con la cavas), fue impedido por la decisión de las autoridades de la UIQ y del parque industrial. Los presidentes de estas instituciones (hoy calumniados), fueron quienes presentaron un informe técnico de un consultor internacional ante la municipalidad que, advertida sobre la contaminación, abortó el proyecto.
Deudores embargados, imputaciones penales, eventual concesión millonaria frustrada_ todo ello derivó en que 5 o 6 personas expresaran públicamente su enemistad con las autoridades del parque y de la UIQ.
Tenemos, entonces, un grupo de personas con “negocios frustrados” y patrimonios embargados en millones, por deudas de expensas, que iniciaron demandas descabelladas y que constituirían “el grupo de industriales” aludido por el periódico.
Se necesitaba, además, para desarrollar las mentiras, un tema sobre el cual se pudiera confundir e intentar manipular la opinión pública. Ese tema fue la deuda por impuesto inmobiliario.
El impuesto inmobiliario, si bien llega unificado a nombre de la UIQ, debía ser abonado por cada uno de los adquirentes de parcelas (así consta en los boletos de compraventa). El pago lo hicieron los adquirentes hasta la segunda cuota del año 2013. En esa época un grupo de “empresarios locales” -fundamentalmente los hoy embargados- se negó a seguir pagando el impuesto, con lo cual se comenzó a generar una deuda.
Cuando se aprobó el plano definitivo, con la división de las parcelas, (año 2015), se quiso saldar la deuda, pero ARBA realizó un reajuste retroactivo al año 2012 y la deuda se convirtió en “millonaria”, por un lado, y en “discutible” por el otro.
Comenzó, entonces, a partir de 2016, un largo periplo de negociaciones con ARBA, solicitándole la UIQ y la asociación la división delas partidas, la afectación de la deuda a cada parcela, y el reajuste de aquella.
Las negociaciones incluyeron acciones judiciales; así ARBA inició juicios de apremio por la deuda y por multas y la UIQ y “la asociación” iniciaron una “acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, en trámite ante el juzgado contencioso administrativo n° 1 de Quilmes. En este proceso, el juez actuante le ordenó a ARBA paralizar la ejecución hasta tanto se resuelva el planteo de la UIQ y “la asociación”. Esto ocurrió en diciembre de 2017 y le fue comunicado a ARBA en marzo de 2018.
Surge de lo expuesto que no hay ningún remate en puerta, ya que el juicio está suspendido.
Por otra parte, las negociaciones para pagar la deuda siguieron adelante. Se presentaron cédulas catastrales individuales y ARBA las está procesando y está dividiendo la deuda de acuerdo a cada parcela, las construcciones en ellas realizadas y la antigüedad de la edificación. El próximo viernes se distribuirá a cada titular de parcela la determinación de su deuda particular y, a partir de allí, se gestionará el monto y la forma de pago.
Como surge de lo dicho, con respecto a la deuda por impuesto inmobiliario, quedan en claro cuatro puntos:
- La deuda es de cada propietario (no es de la UIQ ni de la administración del parque).
- La deuda no se pagó por la negativa de los morosos en realizar sus aportes y la imposibilidad de dividir las partidas.
- ARBA realizo un revalúo retroactivo afectando aún períodos ya pagos.
- El juicio iniciado por ARBA está suspendido por orden judicial.
- ARBA va a entregar la determinación de la deuda en cabeza de cada titular de parcela.
Lo expuesto puede ser corroborado documentalmente. No son cuestiones opinables. No son comunicados anónimos ni escraches por las redes es la verdad, la misma que fue arrollada por las fake news.
Resulta patético escuchar a los propios morosos y sus voceros quejarse por la existencia de una deuda que ellos mismos, que eran los obligados al pago, generaron.
Las instituciones firmantes no utilizaremos los mismos elementos que los profesionales de la difamación. eso sí, iremos personal y colectivamente ante la justicia para que quede claramente establecida la diferencia entre la libertad de opinión y la difusión maliciosa de noticias falsas (se inician esta semana más de 10 acciones de responsabilidad contra el medio involucrado, por montos equivalentes a los cuantiosos daños que están causando).
Queremos recordar, finalmente, que esta campaña llevada a cabo por deudores, con el apoyo de un periódico local, no sólo generan daños a personas. La noticia falsa de que “rematan el parque” ha generado la cancelación de un contrato de locación en el predio por un monto superior a $50.000.000.-, daño a la empresa locadora que tendrán que reparar los responsables.
Comisión directiva de la UIQ
asamblea de propietarios del parque industrial Unión Industrial Quilmes